La alianza nefasta entre un Ejecutivo servil y la diktadura congresal ha subido un peldaño más: la legislación en la que el Estado prácticamente desmantela la arquitectura jurídica contra el delito y el crimen organizado en favor de políticos corruptos y de delincuentes de toda laya, no solo es una bofetada al país. Será también uno de los eventos más execrables en que ha incurrido este régimen, con un poder de impacto casi tanto como las 50 muertes del 2022-2023 y el ataque a los sistemas judicial y electoral.
La pregunta clave es: ¿por qué se han tomado esta ráfaga de decisiones inaceptables e imposibles de aprobar en un sistema democrático con equilibrio de poderes?
La respuesta es la motivación política que está detrás y que lo explica todo. No solo el fujimorismo está dispuesto a hacer todo lo legal e ilegalmente posible para llegar el 2026 al poder; ahora Dina Boluarte es la que ha asumido que solo la llegada del fujimorismo al poder será su salvoconducto de impunidad frente a los delitos que deberá afrontar luego de dejar el cargo. Ese es el pacto infame y criminal que el Perú debe rechazar y destruir.
Por eso tenemos a un gobierno que se pone de costado o respalda todo lo que se apruebe en Paseo Colón (perdón, en la Plaza Bolívar), y que, además, se pondrá a disposición de una candidatura presidencial, con toda la gravedad que ello implica.
Este es el hecho central, esto es lo que explica que se busque aprobar la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad antes del 2002 (casi una ley con nombre propio), esto es lo que explica que el gobierno esté dando los pasos para retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se haya declarado a los partidos como organizaciones sacrosantas que no pueden ser perseguidas penalmente (pero sí cualquier otra persona jurídica), que la colaboración eficaz ya no lo sea, que se busque aprobar una ley para elevar las penas contra la prensa o cualquier opinión que no le guste al gobierno, o que se requiera notificar al denunciado y su abogado para ejecutar un allanamiento de inmuebles.
Pero el desmontaje de la capacidad del Estado de luchar contra la corrupción y la delincuencia no solo está impulsado desde el Congreso. También el gobierno ha hecho su parte con la estrategia de desmontaje de la Diviac y convertirla en una oscura dependencia de la Dirincri, sin presupuesto, equipo humano ni estrategia propia para combatir la corrupción de alto perfil en el Estado.
No solo caerían los casos de los «Waykis en la sombra», «Rolex» y «QaLi Warma» sino otras 10 grandes investigaciones como la de la ex fiscal Patricia Benavides, los «Cuellos blancos del puerto», «los Niños», los Dinámicos del Centro», «Los gánsters de la política» y otros.
Dina Boluarte y el ministro Santibáñez son los responsables políticos (y presuntamente directos) de una decisión que es como cercenar los brazos a la justicia en su lucha contra la corrupción gubernamental. Son tantos los políticos que quedarían impunes, que prácticamente se trata de una acción delictiva de obstrucción a la justicia con todas sus letras.
¿Y cuál es la legitimidad actual de la presidenta para hacer eso? Pues un minúsculo 5% de aprobación. Según la última encuesta de IEP de julio, el desplome de su apoyo a apenas un dígito viene desde noviembre de 2023. Es una curva negativa consistente y constante.
Según esa encuesta, su desaprobación alcanza el 90%, repitiendo el mismo porcentaje del mes pasado. La del Congreso es peor: lo aprueba apenas el 4%. Y lo desaprueba el 94%. La desaprobación del Congreso con el 90% o más viene constante desde febrero del 2023.
Es decir, casi todo el periodo del gobierno de Boluarte grafica un hundimiento del Congreso como institución representativa. Esto no es un estado de ánimo temporal o cortoplacista. Es una tendencia con base social y emocional justificada y con vocación de continuidad.
Lo curioso es que cuando se compara la percepción de poder entre julio de 2023 y julio de 2024, los congresistas son el grupo con más poder en ambas fechas: con 35% y 40%, respectivamente.
El tercer dato es que, en julio de 2023, el 78% de la población asumía que los congresistas abusaban de su poder, y en julio 24, la percepción de abuso ha ascendido al 81%.
Todo ello nos muestra que ante los ojos de la comunidad, hay un Congreso desaprobado casi por unanimidad, pero con mas poder que nunca y abusando del poder que detentan.
Quebrarle los brazos y piernas a la justicia para que no pueda perseguir a la corrupción y la delincuencia, y hacerlo como parte de un pacto político de impunidad mutua, no solo demuestra una quiebra del Estado de Derecho sino una plena indefensión de los ciudadanos. Hoy más que nunca Dina y todo el Congreso deben irse, deben dar pase a nuevas elecciones generales inmediatas y a un nuevo gobierno de unidad nacional que restablezca el Estado de Derecho y anule todo el andamiaje corrupto que el fujicerrodinismo ha levantado.
